Fallida ley migratoria Alabama HB56, modelo de Trump

La fallida ley HB 56 de Alabama sobre  inmigrantes indocumentados  fue en su dà ­a considerada como la mà ¡s dura de Estados Unidos. Tras la victoria de Trump surgen voces que consideran que deberà ­a ser el modelo migratorio. Por esta razà ³n es importante conocer en quà © consistà ­a esta ley de 2011, comenzando con las partes de la misma que sà ­ son de aplicacià ³n para seguir con quà © partes fueron dejadas sin valor pero que se considera que pueden ser modelo para la administracià ³n Trump. Disposiciones de la ley HB-56 que sà ­ se aplican La policà ­a puede investigar el estado legal de cualquier persona de la que razonablemente sospechen que puede estar en el paà ­s ilegalmente. Es decir, puede exigir que se presenten papeles que demuestren el estado legal de una persona. Es lo que en inglà ©s se denomina stop and ask o show me the papers. Asimismo, la ley reconoce el derecho a demandar a la policà ­a que pida los papeles sin que exista una sospecha razonable sobre el condicià ³n de indocumentada de una persona. Las personas arrestadas mientras se verifica su estatus legal o mientras esperan para ser puestas a disposicià ³n del ICE para su deportacià ³n, cuando ya ha quedado claro su condicià ³n de indocumentadas, no tienen derecho a fianza. Es decir, no se las va a dejar libres mientras se resuelve definitivamente su caso. Provisiones de la ley que no se aplican por decisià ³n de las Cortes federales Por decisià ³n de la Corte de Apelaciones del Circuito 11, no se autoriza a las escuelas pà ºblicas a que verifiquen el estatus legal de los nuevos estudiantes ni tampoco de sus padres. Tambià ©n la Corte de Apelaciones del Circuito 11 suspendià ³Ã‚  la obligacià ³n de toda persona de llevar en todo momento un ID. Y tambià ©n por decisià ³n de la misma corte no puede  aplicarse la provisià ³n de la Ley de Alabama que prohibe las relaciones comerciales en las que una de las partes es un indocumentado. La aplicacià ³n de esta provisià ³n en la prà ¡ctica implicarà ­a que las personas indocumentada no podrà ­an, entre otras actividades, tener una cuenta en un banco o un contrato con la compaà ±Ãƒ ­a suministradora de los servicios de agua o electricidad o un contrato de arrendamiento. Tampoco aplica  la disposicià ³n de la ley que prohibe que las cortes del estado de Alabama obliguen al cumplimiento de los contratos celebrados entre una persona indocumentada y otra que sabe el estatus inmigratorio irregular de la primera. Contexto de la ley Alabama HB-56 Alabama no forma parte de los estados con mayor porcentaje de poblacià ³n extranjera, pero à ©sta es muy reciente ya que la inmigracià ³n ha crecido enormemente en los à ºltimos diez aà ±os. Se estima que viven en Alabama 185,000 hispanos, tanto ciudadanos como residentes legales como indocumentados, principalmente en los condados del norte del estado. En Alabama se considera que el 4,2 por ciento del total de la fuerza laboral no tiene papeles para trabajar y que el 2,5 por ciento del total de la poblacià ³n de ese estado es indocumentada. A pesar de su bajo porcentaje de inmigrantes indocumentados, Alabama ha seguido el ejemplo de otros estados como Arizona al aprobar leyes restrictivas de la inmigracià ³n. La idea de esta ley y otras semejantes es hacer muy difà ­cil el dà ­a a dà ­a para los inmigrantes indocumentados de tal manera que tomen estos la decisià ³n de irse de los Estados Unidos o o que tambià ©n se conoce como self-deportation. Quià ©nes apoyan la HB-56 y quià ©nes la critican Apoyan la ley los partidarios de controlar rà ­gidamente la inmigracià ³n ilegal, entre los que se encuentra el gobernador de Alabama. Entre los que la rechazan destacan no sà ³lo los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes sino tambià ©n un importante nà ºmero de organizaciones religiosas. Tambià ©n encontrà ³Ã‚  una importante crà ­tica en el sector de los empresarios agrà ­colas, por las dificultades que pone el sistema legal para contratar a trabajadores extranjeros mediante la visa H-2A para labores de campo. Y es que   no funciona lo bien que debiera como para garantizar que trabajadores legales puedan sustituir a los ilegales. En consecuencia temà ­an que no pudieran realizar todas las labores agrà ­colas, particularmente en à ©poca de cosecha. Por à ºltimo, tambià ©n se ha notado cierta crà ­tica a la ley por parte de distintas fuerzas de seguridad. Las razones son bà ¡sicamente dos: por un lado creen que las nuevas labores incrementarà ¡n notablemente el gasto de sus departamentos. Y, por otro lado, se cree que la disposicià ³n sospecha razonable para poder realizar un stop and ask es ambigua y puede acabar dando lugar a que se presenten demandas contra los agentes de la policà ­a. Dà ³nde pedir ayuda por ahora en caso de abusos en Alabama El Departamento de Justicia del Gobierno federal bajo la administracià ³n Obama ha creado una là ­nea directa para denunciar violaciones de los derechos civiles que se puedan estar cometiendo relacionados con la aplicacià ³n de esta ley. Se puede marcar al 1-855-353-1010 o escribir un correo electrà ³nico a Hb56usdoj.gov y denunciar. La administracià ³n Trump puede varias esta situacià ³n. Quà © hacen otros estados respecto a la inmigracià ³n indocumentada Mientras que lugares como Alabama, Arizona, Carolina del Sur, Georgia y Utah han pasado leyes restrictivas de la inmigracià ³n indocumentada, otros han hecho lo contrario en asuntos que afectan a la salud, estudios universitarios, licencias de manejar, etc. Y es que mientras que la ley migratoria federal es igual en todo Estados Unidos cada estado aprueba medidas que afectan de manera distinta la calidad de vida de los migrantes. Y eso tambià ©n lo que hay que tener en consideracià ³n a la hora de elegir dà ³nde vivir. Hay estados que permiten que tengan licencias de manejar, no colaboran con las autoridades federales a la hora de proporcionar informacià ³n sobre estatus migratorio, han creado ciudades santuario, permiten a los estudiantes indocumentados acceder a matrà ­culas estatales, etc. Este es un artà ­culo informativo. No es asesorà ­a legal.